Con el fracaso que tuvo el Código Penal Dominicano en la pasada legislatura, finalizada el 16 de agosto, se abre un nuevo capítulo de análisis, discusiones y modificaciones sobre esta polémica pieza que tiene casi dos décadas de un hemiciclo a otro en el Congreso Nacional.
En esta semana, luego de que el Código fuese reintroducido, una comisión de 27 senadores y diputados ha sido conformada y apoderada para su estudio. Entre ellos, se ha debatido el futuro que le depara a este documento que compila todas las sanciones que podrían imponerse a delitos y algunas disposiciones generales a nivel legal.
Hace años que la República Dominicana está demandando un Código Penal fuerte y acorde con los nuevos tiempos, tomando en cuenta que el vigente data desde el año 1884.
Los puntos más fuertes en discusión y que han atrasado su aprobación, fueron en principio, el controversial tema de las tres causales del aborto. Este bajó de la escena mediática, luego de que los diputados aprobaran en segunda lectura el proyecto de ley sin las causales, penalizando la práctica del aborto.
Además, el presidente Luis Abinader ha señalado que es partícipe de que el tema aborto se toque en una ley especial o que se espere el proyecto de ley de referéndum, para que sea la población dominicana la que se manifieste a favor o en contra sobre el particular.
Hasta el momento en el Congreso Nacional se han introducido tres proyectos de ley para modificar el Código Penal, dos proceden de la Cámara de Diputados y uno del Senado de la República.
La pieza legislativa también ha estado bajo el escrutinio de organizaciones feministas, médicos, religiosos, y últimamente, la sociedad civil depositó una acción de amparo preventivo en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra el proyecto de ley de Código Penal, por alegadamente dejar fuera los artículos 97 y 118 sobre la discriminación por orientación o preferencia sexual, así como la discriminación por cuestiones de género.
Distintas organizaciones también han montado campamentos, realizado marchas y actividades durante los últimos meses para oponerse a puntos que consideran discriminatorios.
Ahora ha quedado conformada nuevamente una comisión bicameral de 27 senadores y diputados que analizarán algunas reformas a la pieza, que consta de más de 400 artículos y que hasta el momento, dentro de las modificaciones recibidas en la pasada legislatura, figuran las tipificaciones relacionadas a la corrupción, el ciberdelito y el tema del ácido del diablo, que contiene el “cúmulo de penas” de hasta 50 años. También se han agregado articulados que exigen la devolución de entre tres a 10 veces lo robado.
No obstante, todavía los legisladores no están conformes con el código que se entregará a la población.
Por el Senado de la República preside la comisión Santiago Zorrilla y los miembros son Dionis Sánchez, Faride Raful, Yván Lorenzo, Antonio Taveras, Franklin Romero, Virgilio Cedano, Pedro Catrain y Ramón Rogelio Genao.
Mientras que, por la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez representa como vicepresidente de la comisión, acompañado por los miembros Ramón Mayobanex Martínez; Omar Fernández; Jesús Sánchez; Luis Rafael Sánchez; Sadoky Duarte; Darío Zapata; Eugenio Cedeño; Santiago Vilorio; Lila Albuquerque; Víctor Fadul; Plutarco Pérez; Víctor Suárez; Pedro Botello; José Horacio Rodríguez, Mateo Espaillat; Elías Wessin y Fior Daliza Peguero.
El pensar de la comisión bicameral
El presidente de la comisión, Santiago Zorrilla adelanta que en los trabajos venideros, el proyecto será enriquecido con los aportes hechos por diferentes organizaciones del país y la Procuraduría General de la República en temas referentes a la corrupción.
“Esta pieza debe garantizar los derechos a los once millones de dominicanos y cerrarle la brecha al crimen organizado, endureciendo penas que están muy livianas”, entiende el senador oficialista, Antonio Taveras Guzmán.
Su colega Franklin Romero, señala que, luego de que esta iniciativa perimiera en la pasada legislatura, ahora se comenzará desde cero, y no ve manera de que se pueda avanzar en un par de meses como se ha dicho.
“La aprobación del Código Penal no se logró en la pasada legislatura, ahora, con este debate que vamos a tener, por los intereses que hay de por medio, tampoco se logrará“, indicó.
Asimismo, el vocero de los senadores del partido Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, manifestó que la aprobación de una comisión bicameral ayuda a la agilización y sanción del proyecto. “Queremos ver si, de una vez y por todas, sacamos la ley posible”, añadió
Faride Raful ha dicho que se necesita más tiempo para estudiarlo y devolverle a la población un código digno.
De su lado, el vocero de los senadores peledeístas, Yván Lorenzo, ha manifestado quejas con relación a los pocos debates a que ha sido sometido el Código Penal en el Senado.
Víctor Suárez, también peledeísta, afirma que en 16 años que tiene como diputado, las comisiones bicamerales no han tenido situaciones favorables cuando se estudian iniciativas.
El senador y alto dirigente reformista, Ramón Rogelio Genao sostiene que se deben construir los consensos necesarios en la brevedad posible para aprobar el nuevo Código Penal antes de concluir el mes de septiembre. Indicó que este proyecto de ley ha tenido un tránsito legislativo de 22 años “y cinco Congresos han tratado vanamente de aprobarlo”.
El diputado y vicepresidente de la comisión bicameral, Alexis Jiménez, destaca que, mientras existan varios crímenes sin perseguirlos como se debe, se le está fallando al país.
José Horacio Rodríguez, diputado por el Distrito Nacional, es de opinión que “se debe evitar que por estar concentrados en los temas controversiales, en el nuevo Código Penal se descuiden asuntos como la lucha contra la corrupción”.
En tanto, Elías Wessin Chávez anunció haber iniciado los contactos con los distintos actores del sistema electoral, político y partidos del país, para aprobar un Código Electoral que corrija las imperfecciones de las leyes 33/18 de Partidos y 15/19 del Régimen Electoral.
Algunos senadores y diputados, miembros de esta nueva comisión han optado por ser más conservadores, y tanto en la prensa como en sus redes sociales, han evitado referirse al tema.
