Afirman ley turística de República Dominicana es obsoleta

Es tiempo de llevar al turismo dominicano a una nueva imágen deLey Turística República Dominicana calidad

La ley turística de la República Dominicana es la más obsoleta del continente. La afirmación es de Elizabeth Tovar, quien es presidenta de Turenlaces del Caribe y de la Asociación de Operadores Turísticos de la República Dominicana.

Dijo además que la falta de claridad y de sanciones en la Ley y sus Normativas trae como consecuencia que la mayoría de los que operan el turismo en el país hayan concluido que hoy por hoy no vale la pena tener licencia de operación turística, cuando esa licencia no otorga ningún privilegio, ninguna protección y, más aún, lo que trae son costos mayores.

Durante su exposición ante el Foro Dominicano Anual de Turismo, organizado por el Consorcio Dominicano de Competitividad Turística, Tovar dijo que se debe iniciar una serie de consultas antes de someter, para su consideración, una ley de Turismo que refleje las soluciones de los problemas que nos aquejan y la competitividad que requerimos.

El país no está en una posición de seguir posponiendo una reorganización y regulación turística, advirtió. Agregó que siendo (el turismo) nuestra principal industria, no podemos perder mas competitividad de la que se ha perdido.

Debemos, por lo tanto, sobreponer nuestros intereses personales y políticos al verdadero Proyecto País. Es tiempo de llevar al turismo dominicano a una nueva imágen de calidad, precisó. Los competidores del país lo han hecho.

Explicó que una Ley de Turismo y sus Normativas debidamente adecuadas al mundo competitivo del siglo XXI, permitirá al país desarrollar la industria turistica con un esquema institucional que fomente inversiones.

Consideró que la nueva regulación debe otorgarle al Ministerio de Turismo la fuerza necesaria para velar por el cumplimiento de los objetivos de la Ley.

En la actualidad hay un estado de impunidad que hace mas ventajosa la operación para los que no cumplen con los requisitos legales, disminuye por lo tanto la calidad de los servicios, la contribución tributaria, y la sostenibilidad de las operaciones e inversiones, expresó.

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