Entre 1978 y 2019 República Dominicana realizó 26 reformas a su legislación electoral, de acuerdo a un estudio publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).
“A partir de la caída del régimen de Trujillo en 1961, pasando por la anterior normativa electoral (Ley 275-97) y llegando a la primera actualización integral del marco electoral dominicano con la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, en el país se han producido 26 reformas en esta materia”, explica el documento.
La investigación precisa que la promulgación de la Ley 33-18, de Partidos Políticos y la número 15-19, trajeron consigo controversias, denuncias y sometimientos por inconstitucionalidad de una serie de artículos de ambas leyes, especialmente en términos de libertad de expresión, afiliación, requisitos de candidaturas, alianzas y coaliciones, entre otros aspectos.
El estudio «Legislación electoral y de partidos en República Dominicana: origen, evolución y nuevo proceso reformatorio» también precisa que para este año, la Junta Central Electoral (JCE) ha planificado una nueva reforma para corregir diversos aspectos necesarios de revisión en las leyes número 15-19 y 33-18.
Al respecto, el OPD-Funglode considera pertinente que estas reformas sean aprobadas al menos un año antes de las elecciones, a los fines de que su puesta en práctica no suponga un obstáculo llegadas las fechas de montaje de los comicios, ya sean aquellos correspondientes a las primarias o a las elecciones generales, para evitar falencias, improvisaciones e inobservancias como consecuencia de falta de tiempo para adaptar el proceso electoral a la normativa reformada.
La investigación dice, además, que la nueva reforma a la legislación electoral y de partidos requiere la inclusión de principios rectores del proceso electoral, cambios directos al texto normativo realizados por el Tribunal Constitucional (TC) mediante sentencias de inconstitucionalidad, enmiendas sobre los aspectos que se solapan y son contradictorios entre la Ley de Partidos y de Régimen Electoral.
“Además esta nueva legislación electoral debe incluir un examen riguroso de compatibilidad entre el texto de la reforma y la Constitución, a los fines de evitar que no sea objeto de tantos recursos de inconstitucionalidad posteriormente”, agregan los autores del estudio, Vladimir Rozón y Jean Luis Sanó, coordinador e investigador de la Unidad de Partidos Políticos del OPD, respectivamente.
Situación en América Latina
El informe del OPD-Funglode añade que en el período 2015-2020, los principales temas de la agenda de reformas en América Latina han sido la paridad de género, la reelección y la representatividad y cantidad de legisladores en el congreso.
“A diferencia de lo que ocurrió entre 1978 y 2015, cuando la mayor parte de las modificaciones quedaron recogidas en sendos cambios constitucionales, la mayoría de las realizadas entre 2015 y 2018 se tradujeron en leyes electorales o de partidos, como es el caso de República Dominicana y Argentina; o supusieron cambios constitucionales sin generar un proceso constituyente que redactara un nuevo texto constitucional, como es el caso de Chile, Colombia, Honduras, México, Ecuador y Guatemala”, indica el documento.
La investigación muestra que las reformas en la región se han producido de forma intensa entre 1978 y 2018, dando cuenta del modo en que las élites de los partidos políticos conciben la relevancia del cambio institucional como una vía de transformación del orden político, además de que han sido impulsadas sin la participación activa de la ciudadanía en el diagnóstico ni en la elaboración e implementación de las reformas, tal como destacan otros estudios de la región.
Los senadores y diputados tienen un trascendental reto con la tarea de la modificación integral de la Ley de Seguridad Social, respondiendo así a lo dispuesto en la Ley 13-20 que estableció que “A partir del mes de septiembre del año 2020, se iniciará el proceso de revisión y estudio para la modificación integral de Ley No. 87-01, del 9 de mayo de 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.”
Es así como desde el mes de marzo del presente año la Comisión Bicameral de Seguridad Social del Congreso Nacional inició los trabajos para esta modificación integral, que también debe ser una modificación estructural de la Ley 87-01.
Pese a lo que opinan algunos profesionales, los legisladores deben realizar este proceso de revisión para la modificación de la Seguridad Social, partiendo de lo que la constitución dominicana establece en su artículo 60, de que “Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.”
Además, es importante tener en cuenta los artículos sobre los derechos que la Carta Magna consagra como Derechos Fundamentales.
Teniendo en cuenta estos aspectos de orden constitucional, entendemos que los Legisladores han hecho bien al escuchar las consideraciones que tienen los distintos sectores relacionados con el Sistema de Seguridad Social. En este proceso, es importante tomar en cuenta las opiniones de los actores públicos y privados, de las instituciones reguladores, así como las administradoras de riesgos, las prestadoras de servicios de salud, los profesionales y trabajadores del sector, pero sobre todo, los legisladores deben prestar una especial atención a las personas afiliadas y sus dependientes, quienes constituyen la razón de ser de la Seguridad Social.
Paradójicamente, nuestra Seguridad Social trata a las personas afiliadas y a sus dependientes como si no fueran sujetos de derechos. Parecería que las personas afiliadas y sus dependientes no fuesen el sujeto sobre los cuales cobra sentido el funcionamiento del Sistema Dominicano de la Seguridad Social.
Es por esto que, aunque a muchos les moleste, los Legisladores deben poner sus oídos, su vista y todos sus sentidos para percibir con toda su atención el sentir del pueblo .Es importante que empaticen con las distintas situaciones que pasan día a día las personas afiliadas y sus dependientes cada vez que el Sistema de Seguridad Social les niega una prestación, o les exige un pago adicional, cuando les obstaculiza el acceso a sus derechos, encubriéndolo en procesos laberínticos entre los cuales las personas afiliadas y sus dependientes terminan abandonando por cansancio o desesperanza.
Algunos critican las voces que han presentado a los Legisladores el sentir del pueblo, que han contado algunas de las penurias que sufren día a día miles de personas afiliadas y sus dependientes. Dicen que con esto se busca demonizar la Ley, pero han olvidado de qué lado está el bien común, el bienestar, la solidaridad, la atención al necesitado y de qué lado están los mercaderes que como aquellos a los que el Maestro tumbó sus mesas y azotó sacándolos del templo, ahora se apropian de un sistema como lo es la Seguridad Social, desviando su naturaleza para priorizar que todo asegure su alta rentabilidad y baja inversión.
Dicen que hay una campaña negativa. Olvidan o se hacen de la vista gorda para aparentar no percibir la frustración del pueblo, pretendiendo que este siga soportando las deficiencias y los atropellos que han sido aguantados por cerca de 20 años. Olvidan que el pueblo ha esperado con optimismo que llegue el momento en que el Sistema de Seguridad Social le ofrezca todo aquello que le prometió. Hoy, el pueblo se ha dado cuenta de que lo prometido no puede hacerse realidad en un modelo en el que solo ciertos actores salen ganando siempre. Lo negativo es el modelo de negocio sobre el que se diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Hace 21 años, cuando se discutía el proyecto de Ley de la Seguridad Social, muchos de los que hoy critican el proceso de consulta que están ejecutando los legisladores, fueron parte de los actores principales que poco a poco transformaron el proyecto original en un “Frankenstein”, ya que respondiendo a los reclamos de todos los sectores que se interesaron por los posibles negocios que se vislumbraban, comenzaron a demandar la inclusión de artículos que les favorecieran. Un proceso largo y complejo, que cansó a muchos y que terminó cambiando la naturaleza del modelo original, concluyendo con el modelo basado en negocios que tenemos.
La Seguridad Social necesita volver a los derechos del pueblo y para eso los Legisladores deben seguir conectándose con las vicisitudes que están pasando día a día las personas afiliadas y sus dependientes.
Antes de pensar en las complejidades financieras, los Legisladores tienen que definir las prestaciones que debe asegurar la Seguridad Social. Que es lo que manda la Constitución Dominicana.
Luego, y sólo entonces, procede definir las estrategias a través de las cuales se podrían ofrecer estas prestaciones y después de establecer las alternativas que se consideren posibles, procede hacer el análisis de factibilidad económica de estas estrategias, para definir el modelo con el que se asegurarán las prestaciones asumidas.
Aunque la relación costo/beneficio es importante y necesaria de considerar, no es cierto que sea el único criterio válido de la verdad, pues de ser así, el Sistema de Seguridad Social no estaría con tan baja aceptación en las personas afiliadas y sus dependientes. Para su aprobación, la Ley 87-01 contó con amplios análisis de relación costo/beneficio que fueron presentados para justificar su factibilidad, con los cuales se crearon falsas expectativas a la población dominicana sobre las bondades del nuevo Sistema de Seguridad Social, con sus tres subsistemas bondadosos: Salud, Riesgos Laborales y Pensiones. El bienestar de la población se prometió que estaría garantizado.
Insistimos que antes de los análisis de la relación costo/beneficio para determinar la factibilidad del modelo propuesto, es necesario clarificar las prestaciones que el Sistema de Seguridad Social asumirá. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha descrito las prestaciones que debe ofrecer la Seguridad Social.
Los legisladores tienen la oportunidad de hacer un aporte memorable a la población dominicana, pero para eso tienen que evitar caer en las nebulosas del modelo de negocio sobre el que se diseñó el actual sistema, manteniendo su enfoque en lo que dicta la constitución dominicana y en el sentir del pueblo, en sus buenas y malas experiencias, sus anhelos y esperanzas.
Felicitamos a los legisladores por el proceso que siguen, los animamos a continuar así, felicitamos a los técnicos que expresan sus críticas y recomendaciones. Pero nuestro mayor reconocimiento es para todas las personas que día a día expresan sus demandas, sus malas experiencias y sus penurias con un Seguro Social que no les satisface sus necesidades, viendo ellos cómo ciertos actores exhiben las grandes ganancias que obtienen, cuando cada persona afiliada tiene que pagar aportes adicionales para cada servicio que se le brinda.
Advertimos sobre el peligro de que los intereses secuestren y desvíen el proceso de modificación de la Ley 87-01 para asegurar que estas modificaciones les favorezcan, tal y como lo hace el actual sistema. Por eso recomendamos insistentemente:
Priorizar los mandatos de la Constitución Dominicana.
Escuchar a la población (sus buenas y malas experiencias, sus anhelos y esperanzas).
Determinar las prestaciones que se asumirán en la Seguridad Social Dominicana.
Identificar los modelos con los que se podrían garantizar las prestaciones asumidas.
Analizar la factibilidad de los modelos identificados.
Elección del modelo sobre el cual se diseñará el nuevo Sistema Dominicano de Seguridad Social.
