La pesquisa vincula a Abinader con dos sociedades en Panamá, Littlecot Inc. y Padreso SA, creadas antes de que asumiera la presidencia y usadas para gestionar activos en República Dominicana.
Según la investigación del portal El Informe con Alicia Ortega, las acciones de estas sociedades eran inicialmente «al portador», un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios de las compañías.
«Abinader, según estas pesquisas, se registró públicamente como beneficiario en 2018, tres años después de que entrase en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus dueños», reseñó el diario español El País, que destapó el actual escándalo.
Al ser investido, Abinader declaró nueve sociedades «offshore» (extraterritoriales) que controlaba a través de un fideicomiso, aunque negó que tuviera participación alguna en su administración.
Tanto él como su homólogo chileno, Sebastián Piñera, recurrieron al despacho OMC Group, con sede en Panamá, el mismo del que es cliente la cantante colombiana Shakira para al menos tres de las sociedades «offshore» investigadas por Hacienda en España hace años.
Además de Abinader, los recién expuestos Papeles de Pandora señalan a 35 jefes y exjefes de Estado, incluidos los actuales presidentes Sebastián Piñera (Chile) y Guillermo Lasso (Ecuador), y más de 330 altos cargos y políticos en 91 países.
En particular aparecen implicados, el exprimer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, los cantantes Julio Iglesias y Shakira o el entrenador Pep Guardiola.
En 2016 el ICIJ filtró los llamados Papeles de Panamá, 11,5 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca, que revelaron que líderes políticos y personalidades del mundo contrataron los servicios de este bufete para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.
La documentación involucró a varias personalidades, entre ellas 148 políticos provenientes de 50 países, y por el daño económico y reputacional causado por esta fuga de datos, Mossack Fonseca se vio obligado a cesar su actividad en marzo pasado.
