La firma del Memorándum de Entendimiento el 13 de agosto puede representar un paso significativo en la solución de la crisis venezolana, aunque sea muy temprano todavía para tener un pronóstico cierto de su desenlace. Los intentos anteriores, y particularmente el de República Dominicana, alimentaron comprensiblemente el escepticismo de no pocos sectores, pero es de justicia señalar, de antemano, que los contextos y las realidades han cambiado notablemente en 4 años, y es posible que esto condicione favorablemente los objetivos, intenciones y estrategias de las partes.
Quizás la diferencia más notable entre el momento de Santo Domingo y el actual es que tanto el gobierno como la oposición se han debilitado pronunciadamente, como lo demuestran encuestas recientes que dan cuenta del escaso apoyo de los distintos liderazgos de uno y otro bando, al igual que la pérdida de prestigio de las instituciones tradicionales del Estado y la sociedad (deslave del que salvan solo, en alguna medida, la Iglesia y las universidades). A comienzos de 2018, de hecho, el régimen se sentía relativamente fortalecido por la sorpresiva y amplia victoria obtenida en las elecciones regionales de 2017 (las primeras que de forma incuestionable pueden calificarse de no competitivas), y la oposición todavía tenía fresco el contundente triunfo en las parlamentarias de 2015, pese a que ya la Asamblea Nacional estaba siendo abiertamente desconocida por los demás poderes públicos (lo fresco que estaba todavía esa victoria explica la convocatoria a las largas y épicas protestas del 2017).
El régimen que con todo cálculo y prepotencia tiró la mesa en Santo Domingo en febrero de 2018, no imaginó que el proceso hiperinflacionario iniciado a finales del 2017 llegaría a ser el más alto en el mundo en la historia moderna reciente, y que terminaría de devastar la que había sido la economía más próspera de América Latina durante buena parte del siglo XX, lanzando a la pobreza al menos al 85% de los venezolanos. Ante esa catástrofe, Maduro optó, como fue su estrategia desde que llegó al poder, en huir hacia adelante, y convocó así a unas presidenciales fraudulentas en mayo de 2018. La gracia le sirvió para mantenerse en el poder pero igual terminó siendo una morisqueta: a la pérdida de la legitimidad de desempeño (que comenzó con Chávez y se disparó con él) se sumó la pérdida de la legitimidad de origen; circunstancia que aprovechó Guaidó para declarar la presidencia interina en enero de 2019, construyendo y capitalizando un gran apoyo internacional a las fuerzas democráticas, que se mantiene sólido al día de hoy. Lamentablemente la represión desatada por el régimen, los errores del corajudo pero inexperto presidente y sus aliados, y la bullanguera pero poco eficaz diplomacia de Trump, condujeron al pronunciado debilitamiento que vive la oposición en el momento actual.
Lo curioso de todo es que tanto en forma como contenido el Acuerdo de México ha sido posible, de hecho, gracias a este acentuado debilitamiento del régimen y la oposición. Todo ha sido como una pelea de boxeo donde los dos contrincantes llegaron a los 15 rounds pero sin poder acabar el uno con el otro, y ahora están exhaustos, arrastrando los pies y lanzando golpes sin tino ni fuerza. Siendo esto más dramático, sin duda, en lo que respecta al régimen, porque del poder hipercentralizado y casi absoluto que llegó a acumular en el período de Chávez, ahora solo queda el pálido reflejo de un Estado que ya no controla el país y no puede siquiera someter a unos círculos armados en la frontera de Apure. Este cuadro de cosas revitalizó la opción de acudir a árbitros externos y en equilibrio, que medien y propicien soluciones donde ya no se busque el nocaut de uno sobre el otro -la solución suma cero- sino una decisión dividida, donde ambas partes puedan sacar ventajas que sean tangibles desde sus lógicas particulares.
Si nos atenemos estrictamente a la palabra escrita, la Agenda de la Negociación -y el Memorándum de Entendimiento en general- traduce un intercambio muy claro: además de lograr su reconocimiento como gobierno de facto del país y la reversión de las sanciones, el régimen admite y concede lo más significativo del programa político de las fuerzas democráticas: derechos políticos y garantía electorales para todos, cronograma electoral, respeto al Estado de Derecho, reparación a las víctimas de la violencia, etc. Además de la fuerte presión nacional, no poca incidencia tuvo en esta agenda la presión internacional y los múltiples juicios y reclamos pendientes los organismos internacionales.
Sin embargo, quizás lo verdaderamente importante de este Memorándum es que por primera vez el régimen da señales de evolucionar hacia una transición política que podría implicar -si nos atenemos a su impopularidad a la hora de enfrentar unas nuevas presidenciales- su eventual salida del poder en el corto o mediano plazo. Habrá que esperar las próximas semanas y meses para ver si asume plenamente las consideraciones del Acuerdo, cuestión que puede dudarse con toda razón si se toma en cuenta su constante desapego por la palabra y los compromisos.
En descargo de esta posibilidad, puede afirmarse que en sus actuales condiciones (aislado, con unos pocos aliados de indudable músculo político pero que ya no se retratan financiera ni económicamente), tirar de nuevo la mesa tendría altísimos costos para su credibilidad y su situación futura: estaría, seguramente, botando su última oportunidad de asegurar la pervivencia de la franquicia chavista en el mediano y largo plazo, particularmente si damos por sentado que una situación cesarista o diluviana (particularmente, la somalización creciente del país) podría tomar cuerpo para intentar poner fin al empate de fuerzas catastrófico de los últimos años.
